Retenciones, una herramienta equivocada

Estoy convencido que en lo que a política económica y social se refiere la mejor forma de actuar es buscando la eficiencia y el mayor beneficio de la sociedad intentado minimizar la carga ideológica que todos tenemos que nos lleva a tomar decisiones poco fundadas. En razón de esto, creo también importante opinar sobre estas medidas siguiendo el mismo criterio. Aunque reconozco que es imposible eliminar toda subjetividad en el análisis del medio que nos rodea, sin embargo intentaré que mis opiniones se basen en hechos que sean plausibles de ser puestos a prueba.
En primer lugar tenemos que recordar el origen de las retenciones en nuestro país. Aunque en épocas pasadas se recurrió también a los aranceles a las exportaciones, su justificación era pura y exclusivamente fiscal. Su único objetivo era incrementar los ingresos fiscales deprimidos en general, por una fuerte caída de las importaciones por causas externas. No fue este sin embargo el contexto en el que nacieron las retenciones de estos últimos años. A principios del 2002 el país se sumergía en una profunda crisis económica y social que empujó a la pobreza a cerca el 50% de la población. El Estado debía responder de alguna forma a esa angustiante situación y dada la delicada situación fiscal y financiera en la que estábamos envueltos el único medio que permitió recaudar los fondos necesarios para ello fue la imposición al sector con mayor capacidad de ingresos de la economía de ese entonces, el campo.
La devaluación implementada en 2002 permitió al campo salir del largo invierno vivido durante la década de los noventa y retornar rápidamente a los escenarios mundiales.
Con los fondos recaudados a partir de dicho arancel se pudo financiar el plan social Jefas y Jefes de Hogar que llevó comida a miles de hogares del país. El objetivo era claro, los efectos eran visibles y el campo aceptó sin mayores cuestionamientos la medida.
En este contexto es indiscutible creo yo la legitimidad de la medida. Quienes más tenían en ese momento, quienes más se vieron beneficiados por la coyuntura del momento aportaron para apaliar los problemas de los más perjudicados.
Fueron pasando los años y la situación económica del país mejoró sustancialmente debido principalmente al gran empuje que proporcionaba el crecimiento de la actividad agropecuaria.
A partir del crecimiento del sector agropecuario se vieron beneficiadas muchas industrias complementarias, creció el poder adquisitivo y con ello el consumo, lo que terminó beneficiando a los sectores comerciales y productores de servicios. Este crecimiento implicó un aumento de los ingresos en todos los sectores de la economía y devolvió a muchos ciudadanos su condición social anterior a la crisis. Ya no era tan visible la necesidad de las retenciones, al menos no para financiar el plan originario dada la creciente disminución en sus beneficiarios.
A pesar de que el Estado veía nuevamente crecer sus ingresos decidió mantener el esquema de retenciones sin dar mayores explicaciones. Meses más tarde comenzó a incrementar dichos derechos de exportación justificándolos como un elemento redistributivo. Aquí comenzaron a plantearse los cuestionamientos a la medida.
El Estado mostraba índices crecientes de recaudación, la pobreza disminuía (al menos para el INDEC), todos los sectores de la economía ganaban más, con lo que la necesidad de gasto social se supone iba disminuyendo, y efectivamente se comprueba que el gasto social realizado disminuyó en estos últimos tres años en relación a los tres primeros desde la crisis. De esta forma, a pesar de que el gobierno sistemáticamente hablaba de la necesidad de redistribuir, poco hacía en pos de ello. A mi entender, y el de muchos otros, lo que estaba por detrás era una creciente necesidad de dinero necesario para financiar el explosivo gasto público realizado por el gobierno nacional. El dinero recaudado se convirtió en una importante fuente de poder que permitió al Estado Nacional concentrar grandes recursos para distribuirlos a discreción.
Nuevamente el argumento redistributivo se cae. Hasta el momento el mecanismo más completo de redistribución que posee el país es el sistema de coparticipación, sin embargo, y en contra de lo que dice la Constitución Nacional, los ingresos obtenidos por estos aranceles no se coparticiparon. No sólo eso, sino que la gran mayoría se destinó a subsidiar el consumo de servicios de transporte, agua, energía eléctrica gas y combustibles líquidos de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Es indudable la necesidad de dichos subsidios en parte del Gran Buenos Aires; pero también lo es en regiones como el NOA y el NEA, y es absolutamente injustificable en una zona como la Capital Federal cuyos residentes gozan de uno de los poderes adquisitivos más altos del país.
Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que las retenciones recaen sobre el productor y no sobre el exportador. Es decir, el exportador deduce del precio que paga al productor el monto de las retenciones con lo cual se favorece al exportador, en general un poderoso comerciante multinacional, en desmedro de los pequeños productores nacionales. De esta forma lo que se hace es una redistribución en sentido opuesto, desde los que menos tienen hacia los que más tienen.
Fuertemente ligado al argumento redistributivo está el argumento de los precios. El gobierno sostiene que la suba internacional de los precios de los productos agrícolas es culpable del aumento de la inflación local. Este argumento sería válido si las mayores alícuotas se hubieren establecido en el Trigo o el Maíz. Sin embargo la mayor alícuota se aplicó sobre la soja, un producto que se exporta casi en su totalidad en forma de grano o derivados. Menos del 10% del total producido en el país de esta oleaginosa se consume internamente, y sin embargo el gobierno insiste en culpar, entre otros, a la Soja del aumento en la inflación.
Tampoco es creíble el argumento de los precios desde el momento en que el gobierno no realiza ningún esfuerzo por incentivar el aumento de la oferta de productos alimenticios sino que todo lo contrario, se empeña día a día en disminuir la rentabilidad de los productores agropecuarios llevándolos al abandono de sus actividades en busca de sectores más rentables y menos intervenidos.
Otro argumento utilizado es el de los pooles de siembra. El gobierno alega que dichos pooles de constitución extranjera se llevan fuera del país grandes ganancias sin aportar nada. Es indiscutible que no es saludable para ningún sector de la economía en general semejante concentración de la oferta, pero es inentendible cómo las retenciones favorecen a la atomización del mercado. Por el contrario, al disminuir la rentabilidad quienes se encuentran en mejores condiciones para permanecer son los grandes productores y no los pequeños, con lo que las retenciones están llevando a una concentración aún mayor de la oferta.
Otro fundamento esgrimido a favor de las retenciones es su aporte para luchar con la sojización. Sin dudas que el monocultivo no es bueno y menos aún si compite con actividades tan esenciales para el país como la producción de carne y leche. Sin embargo, una vez más el accionar del gobierno deja mucho que desear. Durante los últimos años la mayor parte de la recaudación en concepto de aranceles a productos agropecuarios se debe al comercio de la soja. El gobierno pudo mantener su superávit fiscal desde el 2005 en adelante gracias casi exclusivamente a los aranceles a la exportación. Quiere decir que el gobierno dice combatir a su principal fuente de ingresos. Sería difícil de creer y hasta resultaría irresponsable fiscalmente hablando perseguir al principal factor explicativo de la recaudación. No sólo resulta poco creíble sino que se advierte el fuerte incentivo que el gobierno dio a este y otros cultivos a través de su política cambiaria y otras medidas.
Otro hecho que desmiente la lucha contra la sojización es la circunstancia que eligió el gobierno para aplicar el último aumento: la cosecha. Si el gobierno realmente buscara disminuir la extensión del cultivo de la soja hubiera sido mucho más efectivo incrementar la alícuota antes de la siembra.
El último justificativo del que se vale el gobierno es el de los incentivos a la generación de valor agregado. De todos los argumentos este es el único que se verifica en los hechos. Como se aprecia a partir de la lectura de las resoluciones que reglamentan los aranceles a las exportaciones desde que se incrementaron por primera vez se generó un diferencial que favoreció a quienes industrializaban el grano en forma de harinas, aceites o biocombustibles. Sin embargo, este hecho agrega un dato más en contra del argumento de la sojización. La actividad industrial más favorecida por el diferencial de aranceles ha sido la productora de combustibles de origen vegetal. Es sabido que en Argentina la mayor cantidad de biodiesel se fabrica en base a la soja, con lo cual el gobierno favoreció a una actividad que es gran demandante de ese grano contra el que dice estar luchando.
Uno a uno hemos visto como se caen los argumentos esgrimidos por el gobierno lo cual quita toda legitimidad a la implementación de este arancel. La pregunta que cabe hacerse sin embargo es si están mal los objetivos perseguidos por el gobierno, al menos los enunciados, o si lo que es incorrecto es el medio elegido para llevarlos a cabo. A mi parecer la lucha contra la inflación, el mono cultivo, la concentración del mercado, la generación de mayor valor agregado y los objetivos redistributivos son en si mismos metas loables, pero disiento profundamente en las herramientas utilizadas.
Pero no sólo discierno con el gobierno en cuanto a la utilidad del instrumental utilizado por todo lo expuesta anteriormente sino por varias razones más.
En primer lugar las retenciones han demostrado hasta ahora ser inútiles para resolver los problemas planteados. La concentración de la oferta aumentó, la pobreza está aumentando, la inflación también, la soja se sigue expandiendo y la generación de valor agregado ha disminuido en el primer trimestre del 2008 en relación a igual período del 2007.
En segundo lugar, las retenciones, como todo impuesto distorsivo, genera grandes ineficiencias. Quienes tienen algún conocimiento de economía saben que cualquier impuesto distorsivo genera una pérdida de eficiencia que se diluye; esto es básicamente un ingreso que se pierde. De esta forma, cabría preguntarse si no hay mejores maneras de realizar estas transferencias de ingreso desde los productores hacia los consumidores que impliquen una menor pérdida para ambos, dado que de esta forma quien gana es el país.
En tercer lugar disiento en el hecho de que la mayor parte de la carga recaiga sobre un sólo sector. Si el justificativo es aquel de que son los que más ganan me pregunto entonces para qué está el impuesto a las ganancias. En un estudio realizado recientemente por el economista del IERAL Juan Manuel Garzón, se explica que la presión impositiva actual a la que está sometido el campo sería similar a aplicarle un impuesto a las ganancias de más del 70%. Si tenemos en cuenta que la alícuota máxima aplicable en concepto de impuesto a las ganancias a cualquier actividad es del 35% vemos lo desproporcionado que resulta la situación actual. Esta situación es una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley. Estos datos muestran lo inequitativo que resulta el esquema vigente y permiten apreciar la necesidad urgente de un cambio en las reglas de juego.
De la lectura de los párrafos anteriores se desprende mi oposición al sistema de retenciones actual, por inequitativo, ineficiente e inútil para los fines propuestos. Esto no implica que me oponga a la herramienta en si. Muchos países actualmente utilizan las retenciones como un medio para obtener ingresos fiscales. Algunos como Rusia y China también gravan los productos agrícolas, otros gravan las exportaciones de minerales. Los aranceles a las exportaciones no son en si mismo una medida descabellada de un gobierno delirante, sino una herramienta más de política fiscal que bien utilizada puede tener sus beneficios. En este sentido, nadie en Argentina descubrió la pólvora. Mis cuestionamientos surgen por lo inadecuado de la medida para los fines propuestos y por los excesivos incentivos adversos que genera al hacerse un uso indiscriminado de la misma.
Como dije al principio, mi intención no ha sido criticar a un gobierno en particular o aun partido político específico. Creo que estas medias son dañinas en sí mismas independientemente de quien las aplique.
Habrá sin lugar a dudas gente a favor de este gobierno y gente en contra, lo cual es un buen síntoma de clima democrático, pero lo que no creo que exista es ciudadanos argentinos en contra de su país. Por ello, quienes se preocupan por el porvenir de la nación y quienes tienen en este momento en sus manos el poder de conducir al país deben dejar de lado los intereses particulares, los rencores, el orgullo, y con humildad encarar los problemas que aquejan al país buscando la mejor solución y no la solución que más se ajusta a su ideología o postura partidaria.

SJ+sano